Tegucigalpa, 22 abr.- El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Gobierno de Honduras en 2026 fue aprobado este martes por el Parlamento y asciende a 444.265,8 millones de lempiras (16.758,4 millones de dólares).
El proyecto de presupuesto, que fue enviado en marzo por el poder Ejecutivo, fue aprobado por alrededor de 90 de los 128 diputados de los partidos mayoritarios, Nacional, en el poder; Liberal, segunda fuerza, y los minoritarios Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Socialdemócrata.
Los 35 diputados del ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se abstuvieron en la votación y algunos de ellos afirmaron que el nuevo presupuesto es mayor al aprobado el año anterior, cuando la presidencia del país la ejercía Xiomara Castro.
Según el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, quien asistió a la sesión del Legislativo, el nuevo presupuesto es menor en 25.000 millones de lempiras (943 millones de dólares) con respecto al de 2025.
Hernández subrayó que con el nuevo presupuesto se garantiza un control del gasto y se promueve la estabilidad económica, dejando los excesos del pasado,
La apuesta ahora es por unas «finanzas sanas», enfatizó el alto funcionario.
Las secretarías de Educación, Salud, Seguridad y Defensa figuran entre las que tuvieron un incremento en su partida de gastos.
El nuevo presupuesto, que por ley debió se aprobado entre septiembre y diciembre de 2025, abarca las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado.
Hernández destacó que más del 70 % del presupuesto se financiará con recursos nacionales provenientes de la recaudación de tributos y que las prioridades de gasto se centrarán en salud, educación, protección social, seguridad e infraestructura productiva.
El presupuesto nacional de 2026 no se aprobó en 2025 porque el entonces presidente del Parlamento, Luis Redondo, no convocó a sesiones ordinarias desde finales de agosto.
En octubre, Redondo instaló una Comisión Permanente, con amplios poderes, integrada únicamente por nueve de los 128 diputados del Legislativo. EFE
Incrementos a sectores clave
El Presupuesto General de la República para 2026, redefine prioridades estatales con incrementos en áreas sociales, subsidios y transferencias, pero también con un recorte frente a la propuesta original.
Entre los aumentos más fuertes figura Educación, que recibirá más de L.3,700 millones adicionales, seguido de Salud, con un incremento superior a L.2,000 millones, dos sectores colocados entre las principales prioridades del nuevo presupuesto.
En el área de seguridad estatal, el plan también contempla un aumento de L.1,800 millones para Seguridad y de L.1,524 millones para Defensa, mientras que las transferencias municipales suben del 5.8 % al 7.3 %, ampliando los recursos dirigidos a los gobiernos locales.
El presupuesto incorpora además L.6,817.9 millones en subsidios para combustibles y energía eléctrica, una medida orientada a proteger el ingreso real de los hogares, especialmente frente a choques económicos externos.
En materia de transparencia y fiscalización, se contempla el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público (MP), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, defendió la formulación del plan ante el Legislativo y sostuvo que la distribución de fondos prioriza la inversión en infraestructura, generación de empleo, fortalecimiento de servicios básicos y apoyo al sector productivo.
El ajuste responde a una estrategia de disciplina fiscal y sostenibilidad financiera, orientada a ordenar el gasto público y fortalecer la confianza en el manejo de las finanzas del Estado, según lo expuesto ante el Legislativo.
A esto se suma una inversión pública de L.48,229.6 millones, equivalente al 4.4 % del PIB, destinada principalmente a energía e infraestructura vial, mientras las autoridades aseguran que la ejecución de los recursos estará sujeta a criterios de eficiencia, transparencia y equilibrio en las finanzas públicas. (BG-Stampa).