Tegucigalpa, 16 ago.- Ser niño y joven en Honduras se convirtió en «un riesgo» ante el aumento de la violencia y los abusos, en un contexto de pobreza, exclusión educativa y trabajo infantil que organizaciones defensoras de los derechos humanos califican de «emergencia nacional» por la falta de protección estatal.
«Ser niño y ser joven es un riesgo, es un peligro. Están expuestos a diferentes vulnerabilidades, pero sobre todo a una vulnerabilidad generada desde el mismo Estado», afirmó a EFE el coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez.
La violencia estructural, señaló Vásquez, se traduce en «desigualdad, pobreza, miseria, exclusión, desplazamiento forzado por violencia, migración», abandono escolar, trabajo infantil, abuso sexual y embarazos adolescentes.
En los últimos días, Honduras ha registrado varias muertes violentas de menores, entre ellas la de un estudiante de 16 años raptado el 5 de agosto al salir de clases y hallado muerto a tiros esa misma noche en un populoso barrio de Tegucigalpa, la capital del país.
Entre enero y julio de 2026, al menos 363 menores y jóvenes murieron de forma violenta en el país, un 13 % más que las 321 víctimas registradas en el mismo periodo de 2025, según Coiproden.
Vásquez lamentó que estas muertes ocurran «a vista y paciencia» de la sociedad y de un Gobierno que «pareciera no importarle», al no destinar los recursos necesarios para su protección.
Honduras, dijo, es una de las naciones con «mayor cantidad de políticas públicas» y reformas legales, pero también «uno de los países que menos aplica las leyes y mucho menos implementa las políticas de Estado» a favor de la niñez y la juventud.
«Mientras la justicia sea selectiva, mientras la impunidad sea una política de Estado, mientras la corrupción prevalezca en el país, (…) las víctimas seguirán siendo la niñez, la juventud y los grupos que han estado en una situación de muchísima vulnerabilidad históricamente en Honduras», enfatizó.
«Emergencia nacional» por desprotección
Por su parte, la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Cándida Maradiaga, advirtió a EFE de que el país afronta una «emergencia nacional» ante el repunte de muertes y abusos.
«Cada tres horas un niño o una niña es víctima de violencia sexual en el país», una situación que evidencia la desprotección que enfrenta la niñez hondureña, precisó.
Según el Conadeh, unos 1.330 menores murieron de forma violenta entre 2020 y junio de 2026 (uno cada 43 horas).
Además, la crisis se agrava con más de un millón de niños fuera de las aulas, medio millón en trabajo infantil, 20.000 en situación de calle y 25.000 embarazos adolescentes anuales.
«Hay una situación de desprotección. Consideramos que las instituciones que tienen la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de prevención deben de sentarse, revisar bien el contexto en el que la niñez está viviendo actualmente y tomar las medidas previsorias para evitar que más niños y niñas sigan siendo víctimas de la violencia», subrayó la defensora.
Reclutamiento forzado, una «tarea pendiente»
Maradiaga instó a las autoridades a fortalecer y dotar de presupuesto las políticas públicas de protección y prevención de la violencia, además de atender el riesgo de reclutamiento de menores por maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.
«Muchas veces utilizan a los niños y niñas menores de 18 años para que se involucren en actividades delictivas o participen en sus organizaciones criminales», sostuvo.
El reclutamiento forzado, añadió, sigue siendo una «tarea pendiente» para el Estado, ante la falta de programas y estrategias suficientes para prevenirlo.
Según la organización humanitaria Casa Alianza, el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de estructuras criminales continúa siendo una de las principales expresiones de violencia contra la niñez en Honduras y una de las causas más relevantes del desplazamiento forzado interno.
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre este fenómeno, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan de que el crimen organizado y las pandillas o maras están reclutando a menores de edad, aprovechando su condición de inimputabilidad penal. EFE