Tegucigalpa, 9 jun.- La legislación penal hondureña tendrá nuevas disposiciones contra el feminicidio, luego de que se aprobara por unanimidad una reforma orientada a ampliar agravantes, elevar sanciones y fortalecer la atención judicial de los casos de violencia contra la mujer.
La reforma mantiene penas de 25 a 30 años de prisión para el delito de feminicidio, pero establece que la condena podrá aumentar de 30 a 40 años cuando existan agravantes. Entre ellas se incluyen hechos precedidos por delitos sexuales, tortura, privación de libertad u ocultamiento de un delito sexual.
La normativa también contempla como agravante que el responsable sea un agente del Estado que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para cometer el crimen. Además, en delitos contra la vida vinculados a violencia de género o secuestros que terminen con la muerte de la víctima, el cumplimiento efectivo de penas acumuladas podrá llegar hasta 60 años de prisión.
Las reformas incorporan una definición más amplia sobre las relaciones desiguales de poder basadas en género, tomando en cuenta antecedentes de control sobre la víctima, violencia psicológica o simbólica, conductas de posesión, aprovechamiento de vulnerabilidad económica, física o social, así como hechos previos de violencia, hayan sido denunciados o no.
También se reconocen condiciones especiales de vulnerabilidad relacionadas con discapacidad, dependencia económica, edad, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes y otras circunstancias que puedan aumentar la indefensión de las víctimas. Como parte de los cambios, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá crear órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional para conocer casos de feminicidio, delitos relacionados y otras formas de violencia contra la mujer.
La CSJ tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales, así como la designación de juezas y personal auxiliar. La vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada nacionalista por Francisco Morazán, Lissi Matute Cano, afirmó que los femicidios representan un flagelo para Honduras y explicó que la reforma surge de recomendaciones de una comisión multipartidaria.
Desde distintas bancadas se expresó respaldo a la reforma. La diputada liberal por Cortés, Alejandra Vallecillo, recordó que una mujer es asesinada cada 32 horas en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia, mientras que la diputada de Libertad y Refundación (LIBRE) por Intibucá, Doris Mendoza, destacó el seguimiento de la Comisión de Equidad de Género y acompañó las medidas orientadas a proteger la vida de las hondureñas. (BG-Stampa)