Tegucigalpa, 3 jun.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierte que el Estado destina actualmente más de L14,100 millones al año para sostener la ENEE, mientras la crisis del sector eléctrico sigue presionando las finanzas públicas del país, al requerir recursos que podrían destinarse a áreas esenciales como salud, educación y seguridad.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de la iniciativa Potencia Honduras, presentó un análisis en el que señala que uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública hondureña está relacionado con la crisis del sector eléctrico.
El informe advierte que el Estado destina actualmente más de L14,100 millones al año para sostener a la estatal eléctrica. De no aplicarse una reforma estructural, la deuda vinculada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) podría pasar de L143.8 mil millones a L242.4 mil millones para 2035.
La organización también proyecta que el costo público anual para sostener la empresa podría subir a L21.2 mil millones en ese mismo periodo, lo que representaría un aumento cercano al 50 % frente al monto actual.
Entre los principales problemas señalados están las pérdidas de energía. El análisis estima que el sistema pierde cerca del 35 % de la energía, mientras que un 20 % corresponde a pérdidas no técnicas que no se recuperan en la tarifa, generando un impacto anual de aproximadamente L8.3 mil millones.
A la presión financiera se suma que la ENEE cerraría cada año con un saldo negativo de alrededor de L15,700 millones. Además, acumula una mora anual de L2,700 millones con generadores privados y una deuda acumulada de L18,200 millones, situación que podría elevar los costos para los consumidores si no se corrigen las fallas del sistema.
Potencia Honduras plantea que el primer paso para enfrentar la crisis es transparentar la ENEE y separar las áreas de generación, transmisión y distribución, con el fin de identificar dónde se originan las pérdidas y mejorar el desempeño del sistema. La iniciativa sostiene que una reforma estructural permitiría ahorrar más de L100,000 millones en una década y redirigir esos recursos a servicios públicos esenciales. (BG-Stampa)