Tegucigalpa, 17 jul.- Las exigencias económicas bajo amenaza también comprometen actividades esenciales para el funcionamiento de estas instituciones, entre ellas el transporte utilizado para movilizar estudiantes.
Carlos Sabillón, representante de las escuelas privadas, informó que algunas instituciones han sido objeto de cobros atribuidos a estructuras criminales mediante el denominado “impuesto de guerra”.
De acuerdo con el dirigente, las amenazas se dirigen principalmente contra los establecimientos y no contra los docentes. El transporte utilizado para movilizar estudiantes también figura entre las áreas expuestas a estas presiones.
Los casos señalados corresponden a centros ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde existe preocupación por las posibles consecuencias sobre la continuidad de las operaciones y la seguridad de la comunidad educativa.
Sabillón explicó que esta situación presenta diferencias frente a lo ocurrido en el sistema público, donde se han denunciado amenazas directas contra maestros y otro personal de los centros escolares.
El representante del sector pidió mantener vigilancia sobre el problema y fortalecer las acciones de protección para las instituciones que enfrentan este tipo de cobros ilegales. (BG-Stampa)