Tegucigalpa, 7 jul.- Las empresas y otras estructuras jurídicas que operan en Honduras deberán identificar a las personas que realmente poseen, controlan o reciben beneficios de sus actividades, tras la entrada en vigencia de una nueva normativa sobre transparencia corporativa.
La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final establece un sistema que será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), encargada de concentrar y resguardar la información de quienes ejercen control directo o indirecto sobre las entidades obligadas.
La normativa contempla criterios para determinar quién es considerado beneficiario final, entre ellos la participación igual o superior al 25 % en una sociedad, además de otras formas de propiedad o control establecidas en la ley.
El registro comprende a sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, fideicomisos y fondos de inversión, cuyos responsables deberán proporcionar la información requerida mediante declaración jurada.
La CNBS tendrá 60 días para emitir la reglamentación necesaria para aplicar la ley, mientras que el proceso de incorporación de las entidades obligadas al registro se desarrollará durante los siguientes seis meses.
Los datos recopilados tendrán carácter confidencial y su consulta estará limitada a los casos autorizados por la normativa. La ley también establece excepciones para determinadas entidades que no estarán obligadas a presentar esta información.
La puesta en marcha del registro permitirá fortalecer la identificación de las personas que se encuentran detrás de empresas y otras estructuras jurídicas, ampliando los controles frente al lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. (BG-Stampa)