Tegucigalpa, 3 mar.- El proceso de cierre de varias dependencias estatales ya tiene cifras concretas: miles de trabajadores serán separados y la comisión liquidadora asegura que el pago de sus derechos laborales ya está planificado.
La Comisión Técnica Liquidadora confirmó que al menos 1,900 empleados públicos serán despedidos tras la supresión de distintas instituciones del Estado. La medida forma parte de la reorganización administrativa aprobada por el Ejecutivo y activa un proceso formal de liquidación que ya comenzó.
El abogado Leonel Núñez, miembro de la comisión, explicó que el equipo está listo para ejecutar las liquidaciones y garantizar el pago completo de los derechos laborales en un plazo de 90 días. Añadió que los grupos de trabajo se dividirán para atender cada entidad de manera individual y acelerar el cierre administrativo.
La comisión encargada del proceso está conformada por Mario Celín Simón Perla, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Carlos Humberto Hernández Erazo y Leonel Núñez, quienes tendrán a su cargo la coordinación financiera y administrativa del cierre institucional.
Entre las entidades suprimidas se encuentran la Secretaría de Transparencia, la Red Solidaria, la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, entre otras dependencias estatales.
Además del cierre de estas instituciones, el Gobierno ha planteado procesos de intervención y reestructuración en otras entidades públicas, lo que podría derivar en nuevos ajustes dentro del aparato estatal. Mientras avanza el cronograma, los empleados afectados permanecen atentos a que el proceso se ejecute dentro del plazo anunciado. (BG-Stampa)