Tegucigalpa, 29 oct.- Alrededor de 30 casos documentados durante la liquidación de entidades públicas reúnen señalamientos de distinta naturaleza. Algunos se relacionan con movimientos de fondos y contrataciones; otros, con proyectos inconclusos y diferencias en los registros de programas sociales.
Los cinco integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora entregaron la documentación el 28 de octubre, el comisionado Leonel Humberto Núñez Espinoza explicó que corresponderá a las autoridades determinar si los hallazgos derivan en responsabilidades. Parte de la información también fue remitida al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En el componente financiero, uno de los expedientes aborda una transferencia superior a L230 millones de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). Denisse Yamileth Rosales Rivera reportó diferencias en las liquidaciones y falta de conciliaciones bancarias que permitan precisar cómo fueron administrados esos recursos.
La revisión del gasto administrativo abre otro frente en la desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica (SPE). La comisión reportó erogaciones por asesorías, viajes, alquileres y contratación de personal extranjero, además de variaciones en los recursos manejados por esa dependencia. Esos movimientos deberán ser contrastados con la documentación correspondiente.
En los programas dirigidos a hondureños retornados, la revisión se concentra en la correspondencia entre beneficiarios y registros oficiales. La comisión señaló diferencias con los datos migratorios y liquidaciones que no coincidirían plenamente con la documentación disponible. Ambos elementos quedaron sujetos a verificación.
La ejecución de proyectos públicos también forma parte de los expedientes. Mario Celín Simón Perla expuso el caso del Hospital Neonatal de Occidente, que registraba un 27% de ejecución y había superado los plazos establecidos. También indicó que equipo médico adquirido para el proyecto permanecía almacenado.
El Ministerio Público deberá analizar técnica y jurídicamente los expedientes antes de establecer si existen responsabilidades penales. Hasta ahora no se ha fijado un monto definitivo de posible perjuicio ni se han individualizado responsables. Las cifras y señalamientos deberán ser comprobados durante la investigación.


