Tegucigalpa, 18 nov.- El nuevo marco aprobado por el Congreso Nacional introduce cambios en el control de operaciones financieras y bienes de origen ilícito, también amplía las obligaciones para actividades y sectores que hasta ahora tenían una regulación más limitada.
El decreto modifica cuatro normativas: la Ley Especial contra el Lavado de Activos, la regulación de actividades y profesiones no financieras, la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Ley del Sistema Financiero. El documento está dividido en siete apartados y reúne reformas y adiciones en unas 80 páginas.
Uno de los principales cambios alcanza a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidas plataformas de intercambio y billeteras de criptomonedas. Estas empresas deberán registrarse y cumplir obligaciones relacionadas con la identificación de usuarios y el seguimiento de operaciones.
La reforma también limita el denominado “de-risking”, que ocurre cuando una entidad financiera restringe servicios por reportes sospechosos, investigaciones o por la condición de Persona Expuesta Políticamente. Bancos, cooperativas y financieras deberán administrar esos riesgos sin excluir automáticamente a los clientes.
Otro de los ajustes eleva de 10,000 a 15,000 dólares el monto que deberá declararse al ingresar o sacar dinero del país por aduanas. También se amplían las obligaciones de control y reporte para abogados, notarios, contadores, empresas inmobiliarias y negocios dedicados a la compraventa de vehículos.
En materia de bienes incautados, el decreto establece nuevas reglas para el aseguramiento de propiedades. Una vivienda utilizada como domicilio familiar no podrá ser asegurada, salvo que allí se desarrolle la actividad delictiva. Las medidas cautelares también deberán procurar la menor afectación posible a terceros.
La normativa también busca adecuar la legislación hondureña a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ante el riesgo de que el país sea incluido en una lista de mayor vigilancia financiera. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta antes de entrar en vigencia.


