Tegucigalpa, 3 jun.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) pidió al Gobierno cumplir con el pago pendiente a docentes y transparentar el sistema de planillas de la Secretaría de Educación, ante riesgos de corrupción en el manejo de recursos públicos destinados al sector educativo.
La organización reconoció que miles de maestros atraviesan una situación de vulnerabilidad por el incumplimiento de salarios y deudas retroactivas, lo que afecta la estabilidad económica de las familias del magisterio. Por ello, demandó el cumplimiento inmediato de las obligaciones salariales acumuladas.
La ASJ también advirtió señales de opacidad en el sistema de Recursos Humanos de Educación, luego de solicitar desde febrero la publicación de la planilla completa del personal docente y administrativo, sin que hasta ahora se haya entregado la información de forma íntegra.
La asociación señaló que los datos divulgados son insuficientes y fragmentados, debido a que omiten información de varios departamentos y campos que deberían ser públicos. Además, recordó que auditorías sociales anteriores han identificado irregularidades como docentes ausentes de sus centros de trabajo.
Los estudios previos también revelaron pagos sin justificación a maestros fallecidos o con multiplicidad de plazas, con un impacto estimado de L700 millones anuales. Ante ese antecedente, la organización insistió en la necesidad de controles más fuertes, auditorías técnicas independientes y acceso completo a la información pública.
Entre sus demandas, ASJ pidió a la Secretaría de Educación publicar una nómina abierta y actualizada de todo el personal que recibe salario del Estado, desagregada por centro educativo, municipio y departamento. También solicitó habilitar mecanismos ciudadanos que permitan verificar en cada comunidad la presencia real de los docentes en las aulas.
La organización señaló que las demandas laborales del magisterio son válidas, pero advirtió que la suspensión de clases afecta el derecho de la niñez a una educación continua. Según ASJ, hasta el 22 de mayo los estudiantes ya habían perdido seis días de clase, con un impacto financiero estimado de L1,337 millones, por lo que llamó a garantizar pagos justos, transparencia y continuidad educativa. (BG-Stampa)


