Tegucigalpa, 09 nov.- El sistema penitenciario hondureño prepara una nueva etapa para ampliar el control sobre internos vinculados con estructuras criminales. El proyecto contempla una prisión de máxima seguridad que concentraría parte de esa población bajo un esquema de vigilancia más restrictivo.
El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, indicó que el proyecto podría comenzar a ejecutarse en enero con recursos nacionales. Para avanzar con la obra, las autoridades ya trabajan sobre un terreno cuya ubicación se mantiene sin divulgar públicamente.
El diseño contempla un esquema de máxima seguridad con controles más estrictos para los internos. Como parte de la planificación, las autoridades han tomado como referencia experiencias internacionales, entre ellas algunos elementos aplicados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
La capacidad definitiva del nuevo centro aún dependerá de cómo quede configurado el proyecto. Luis Castro ha mencionado una proyección cercana a 5,000 internos, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INP) maneja estimaciones que podrían situarla entre 6,000 y 10,000 personas.
El proyecto se conoce después de la entrada en vigor de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal contenidas en el Decreto 258-2026. Las nuevas disposiciones buscan reducir la capacidad de organizaciones criminales para continuar operando desde los centros penitenciarios.
Las medidas de máxima seguridad ya tienen antecedentes recientes dentro del sistema penitenciario. En Támara permanecen unos 110 privados de libertad bajo ese régimen, mientras otros dos módulos de alta seguridad disponen de una capacidad conjunta para 600 internos.
Ese esquema incluye mayores restricciones de permanencia fuera de las celdas, controles sobre las comunicaciones, tiempo limitado para ejercicio y el uso de escáneres corporales. En el caso del nuevo centro, todavía deberán definirse su capacidad final y otros aspectos operativos antes del inicio de las obras.


