Tegucigalpa, 23 oct.- La jueza natural, Anny Belinda Ochoa, emitió este viernes órdenes de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y Edis Antonio Moncada, exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). Ambos figuran en el proceso abierto por las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Legislativo.
Según la orden judicial, a Redondo se le atribuyen presuntamente perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Moncada enfrenta tres señalamientos por presunta violación de los deberes de los funcionarios.
El caso se originó con un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el 20 de octubre contra 14 personas por un total de 21 presuntos delitos. El expediente quedó bajo conocimiento de Ochoa, designada para actuar como jueza natural en la causa.
De acuerdo a la presentación fiscal, entre los hechos investigados figura un decreto impulsado desde la Comisión Permanente para realizar un recuento de votos de las elecciones generales de 2025. Las diligencias buscan determinar si con esas actuaciones se excedieron facultades del Poder Legislativo y se invadieron atribuciones correspondientes al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Antes de que se conocieran las órdenes, 11 de las 14 personas incluidas en el requerimiento habían presentado escritos para comparecer voluntariamente ante la justicia. Redondo y Moncada no figuraban entre los señalados que realizaron esa solicitud.
La emisión de las órdenes coloca a ambos exfuncionarios en una situación procesal distinta a la de quienes pidieron someterse voluntariamente al procedimiento. El resto del expediente continúa bajo conocimiento de la jueza natural mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
Los señalamientos forman parte de una causa penal todavía en desarrollo y no constituyen una declaración de culpabilidad. Corresponderá al órgano judicial resolver las siguientes etapas del proceso, con respeto al derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados. (BG-Stampa)


