Ciudad de Panamá, 22 sep (EFE).- La Iglesia católica de Panamá pidió este martes «perdón» por al menos una veintena de denuncias de casos de abuso sexual contra menores y personas vulnerables registrados entre 2001 y 2025, incluidos en un informe presentado por una comisión internacional independiente.
«Allí donde miembros de nuestra iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia», declaró durante la presentación el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa.
Ulloa citó los datos del informe, que a solicitud propia, sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede, analiza la actuación de la arquidiócesis de Panamá frente a las denuncias de abusos, y que cifra en 24 los casos denunciados entre 2001 y 2025 que involucran directamente a esta institución católica.
De esos 24 casos denunciados, «nueve estaban relacionados con menores de edad», de los cuales cinco llevaron «a la dimisión del estado sacerdotal, de los agresores», precisó Ulloa.
«De los otros (casos denunciados) restantes, que son otros delitos contra el sexto mandamiento, también se les hizo el proceso y por eso también se puso la pena máxima que la dimisión del estado sacerdotal», precisó el arzobispo en declaraciones a EFE.
El arzobispo se mostró confiado en que la publicación de este informe anime a las víctimas a presentar más denuncias.
«Reiteramos a quienes han podido ser víctimas la confianza de que la Iglesia quiere acompañarlos en esa sanación y en esa restauración de la justicia», afirmó Ulloa.
El informe, agregó el prelado en declaraciones a EFE, le permitirá a la Arquidiócesis «trabajar con mayor rigurosidad y poniendo, sobre todo, en el centro a las víctimas» y también «invita a lo más importante que es la prevención» y que se desarrolle «una cultura sobre lugares seguros».
El informe fue elaborado por una Comisión de Transparencia financiada por la Notre Dame Law School (EE.UU.), y la Fundación Universidad Villanueva (España).
«Lo que hoy presenta esta comisión es la primera aplicación de un modelo de valoración institucional, concebido por un grupo internacional de expertos, de un instrumento específicamente diseñado para examinar de forma sistemática cómo responde una institución eclesial ante las denuncias de abuso sexual», dijo durante el acto María José Valero, miembro de la comisión y de la Universidad de Villanueva.
El trabajo de la comisión incluyó el análisis de los expedientes de los archivos diocesanos (el archivo secreto del Arzobispo, el del Vicario Judicial y del Tribunal Eclesiástico), la escucha de testimonios, una encuesta a agentes pastorales y el estudio de la cobertura mediática.
De un universo global de 37 denuncias documentadas, el equipo valoró las 24 en los que la Arquidiócesis de Panamá tenía una responsabilidad institucional evaluable entre 2001 y 2025.
Entre los 24 casos estudiados, nueve corresponden a víctimas menores de edad, 11 casos son adultos en situación de vulnerabilidad y cuatro casos no hay registro de edad.
«El problema central que este informe documenta es de registro, no de negación», ya que, según el texto, «los expedientes acreditan que hubo denuncias, que se abrieron investigaciones y que se adoptaron decisiones, pero la trazabilidad se pierde a medida que avanza el procedimiento».
El coordinador de la Comisión de Transparencia, el reverendo Jordi Pujol, señaló que aunque «el informe describe 24 casos, sabemos que no son todos».
«Si usted sufrió un abuso en un ámbito de la iglesia el año pasado, hace 40 años, puede acudir a la oficina de Escucha de la Arquidiócesis. Puede ir acompañado de quien usted elija. Hablar con la iglesia no le quita ningún derecho ante la Justicia del Estado. Pensamos que se va a encontrar con una iglesia que quiere escuchar», afirmó Pujol.
La Arquidiócesis de Panamá reconoce casos de abuso y deficiencia en los procesos
Ciudad de Panamá, 22 sep (EFE).- La Arquidiócesis de Panamá reconoce una veintena de casos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables denunciados entre 2001 y 2025, pero los ha enfrentado con deficiencias de registro y procedimiento, dificultando así asuntos capitales como la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, según un informe independiente presentado este martes.
El informe fue elaborado por una Comisión de Transparencia financiada por la Notre Dame Law School (EE.UU.), y la Fundación Universidad Villanueva (España), a solicitud de la Arquidiócesis de Panamá, sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede.
Esta comisión es la primera aplicación de un modelo de valoración institucional que busca examinar de forma sistemática cómo responde una institución eclesial ante las denuncias de abuso sexual.
24 casos documentos en archivos secretos
El trabajo de la comisión incluyó el análisis de los expedientes de los archivos diocesanos (el archivo secreto del Arzobispo, el del Vicario Judicial y del Tribunal Eclesiástico), la escucha de testimonios, una encuesta a agentes pastorales y el estudio de la cobertura mediática.
De un universo global de 37 denuncias documentadas, el equipo valoró 24 en los que la Arquidiócesis de Panamá tenía una responsabilidad institucional evaluable entre 2001 y 2025.
Las 13 restantes corresponden a otras diócesis (7); quedan fuera del objeto del informe por su materia, período o por la condición de la víctima (5); o carecen de datos que permitan situarlos (1).
«El problema central que este informe documenta es de registro, no de negación», ya que «los expedientes acreditan que hubo denuncias, que se abrieron investigaciones y que se adoptaron decisiones, pero la trazabilidad se pierde a medida que avanza el procedimiento».
«Esa informalidad tiene un coste doble: priva a la víctima de saber qué pasó con su denuncia y priva a la institución de poder demostrar lo que hizo. Esta informalidad no es solo un problema de archivo: refleja una carencia de gobierno – la falta de personal cualificado para instruir, tramitar y documentar estos procedimientos – cuya provisión correspondía a la autoridad diocesana», agregó.
Hallazgos principales
Entre la decena de hallazgos principales descritos en el documento está que en ninguno de los 24 casos consta una actuación iniciada de oficio y que la mayoría (13) fueron presentadas directamente por la persona afectada.
Pese a esto, «la atención a la víctima es la dimensión menos documentada» y de los 24 expedientes, solo en uno se evidencia el acompañamiento especializado, acceso real a la información del proceso y participación en las etapas.
«No consta en ningún expediente una evaluación del daño, ni adopción de medidas de reparación – en dos consta expresamente que no las hubo -, ni verificación de su cumplimiento», indica el informe.
Los investigadores hallaron que el perfil de las víctimas documentado no coincide con el de las estadísticas estatales, puesto que en el universo global (37 casos), más de la mitad con constancia documental (54 %) corresponden a menores varones, pero en los registros del Ministerio Público las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino niñas (0-9 años) y adolescentes (10-17).
El documento también señala que la cobertura que la prensa digital ha hecho de los abusos en la Iglesia panameña ha involucrado a la Arquidiócesis en casos que, en su mayoría, no le son atribuibles: de las 10 situaciones que alcanzaron relevancia mediática entre 2001 y 2025, la mayoría corresponde a otras jurisdicciones o no son casos de abuso a menores.
Recomendaciones
La Comisión formula 24 recomendaciones, de las que considera urgentes establecer un protocolo único de recepción, registro y trazabilidad que documente cada paso del proceso canónico y civil, incluida la notificación de las resoluciones a las partes – cuya constancia no aparece en ninguno de los 24 expedientes -.
También aplicar mecanismos de evaluación del daño y de reparación -económica y simbólica -, con verificación de su cumplimiento, y «formalizar la prevención, que es la dimensión peor evaluada (6,25/100): códigos de conducta, normas de interacción, regulación del entorno digital, verificación de antecedentes, selección de candidatos y formación periódica obligatoria, con registro verificable».
La comisión pide además «dotar a los organismos competentes de personal con formación canónica, victimológica y archivística suficiente para instruir, tramitar y documentar los procesos».