Tegucigalpa, 19 may.- El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a la extorsión, las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, señaló que las reformas buscan dar nuevas herramientas legales a los operadores de justicia, en medio del crecimiento de la extorsión en ciudades y departamentos donde antes este delito no tenía la misma presencia.
La reforma también contempla declarar como terroristas a maras y pandillas, como parte de una estrategia más fuerte contra grupos criminales que afectan a transportistas, comerciantes, emprendedores, mercados, pulperías y familias que han sido víctimas de amenazas o cobros ilegales.
Entre los cambios aprobados se incluyen aumentos de penas y nuevas agravantes cuando en el delito se utilice a mujeres, menores de edad, servidores públicos o personas vinculadas al sistema financiero. Además, se amplía la persecución penal a quienes entreguen, paguen, transfieran, depositen, retiren, inviertan o presten cuentas bancarias para mover dinero proveniente de extorsión.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Marcos Paz, explicó que las reformas también elevan sanciones por revelación de secretos y por el uso ilegal de indumentaria militar o policial. Asimismo, se establecen atenuantes para quienes colaboren eficazmente en la desarticulación de bandas extorsionadoras.
Otro punto incluido es la obligación para las empresas de telecomunicaciones de contar con registros reales, verificables y manejados por una unidad especial, con el fin de entregar información requerida por autoridades judiciales en un plazo de 24 horas. Zambrano también mencionó la necesidad de crear una Agencia Nacional contra el Crimen, reforzar la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y gestionar financiamiento para nuevos centros penitenciarios.
Las reformas recibieron respaldo de distintas bancadas, entre ellas el Partido Liberal, Partido Nacional, PINU-SD y Democracia Cristiana, cuyos representantes destacaron la necesidad de responder al impacto de la extorsión en la ciudadanía. Desde Libre, el diputado Rafael Sarmiento pidió discutir el proyecto artículo por artículo y advirtió que las medidas no deben usarse con fines de persecución política.
Zambrano aseguró que el decreto no tiene un enfoque ideológico y que su propósito es fortalecer la seguridad de la población hondureña. El titular del Congreso reiteró que la discusión de estas reformas busca dar al Estado más herramientas para enfrentar a las estructuras criminales.