Tegucigalpa, 16 abr.- El Gobierno de Honduras, en conjunto con la agroindustria y productores nacionales, firmaron un acuerdo macro de cuatro años que establece las bases para la compra y venta de maíz blanco, con el objetivo de garantizar la producción y la estabilidad en el mercado de granos básicos.
El convenio fue suscrito por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), junto a representantes de los productores y la industria de harinas de maíz blanco y alimentos balanceados para consumo humano.
Este acuerdo garantiza la compra y venta de la producción nacional de maíz blanco, asegurando su colocación en el mercado formal mediante un esquema coordinado entre el sector público, la agroindustria y los productores.
Para el ciclo agrícola 2025-2026, el acuerdo establece la compra de 1.4 millones de quintales de maíz seco, a un precio de quinientos veinte lempiras exactos (L.520.00 por quintal), más el costo de flete según la zona, conforme al Acuerdo Ejecutivo Número 118-2025, vigente hasta agosto de 2026.
Asimismo, se informó que en el mes de mayo se definirán los costos de inversión, mientras que en las próximas dos semanas iniciarán las negociaciones del precio correspondiente a la temporada 2026-2027, como parte del seguimiento al esquema de comercialización.
El acuerdo también contempla que la agroindustria mantendrá la compra de la producción nacional durante el período 2026-2030, lo que permitirá a los productores planificar con mayor certeza cada ciclo agrícola y proyectar su producción en un entorno más estable.
En este esquema participan empresas como IMSA, ALBECASA, DEMAHSA y MATURAVE, integradas al compromiso de compra, lo que amplía las oportunidades para productores organizados y formalmente acreditados dentro del sistema.
Por su parte, el representante de los productores, Dulio Medina, valoró el alcance del convenio, señalando que este tipo de acuerdos brinda respaldo a las negociaciones anuales y asegura la participación sostenida de la agroindustria durante el período establecido. (BG-Stampa)


