Tegucigalpa, 21 sep.- Una nueva acción penal se abrió contra la ZEDE Próspera, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) acudiera al Ministerio Público por atribuirse la entidad privada funciones propias de una autoridad pública dentro del territorio hondureño, pese a la sentencia que declaró inconstitucional el modelo ZEDE.
La denuncia fue presentada contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks. La PGR sostiene que Colindres continuó ostentándose como autoridad de una supuesta “jurisdicción especial” y que el pasado 15 de septiembre juramentó a Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera.
Como sustento de la acción, la Procuraduría recordó la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024, que declaró inconstitucional con efecto desde su origen la reforma constitucional y la normativa que dieron sustento a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), así como el decreto que creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
A partir de esa resolución, la PGR señala que los nombramientos y actuaciones derivados de esas estructuras carecen de validez jurídica. En el caso denunciado, cuestiona que al denominado “Fiscal Civil” se le atribuyeran facultades jurisdiccionales, de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público, competencias que la Constitución reserva a los poderes del Estado.
Ante estos hechos, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación penal, preservar la evidencia vinculada al caso y recabar documentación e informes de instituciones estatales y entidades relacionadas con ZEDE Próspera. También pidió tomar las declaraciones correspondientes y se reservó el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado.
La PGR indicó que dará seguimiento a las diligencias hasta que el proceso sea llevado, de corresponder, ante los tribunales competentes. La institución reiteró su posición de que ninguna estructura privada puede atribuirse funciones propias de una autoridad pública dentro del territorio hondureño. (BG-Stampa).