Tegucigalpa, 7 sep.- La situación judicial del expresidente Juan Orlando Hernández vuelve a quedar bajo revisión después de que la acusación impugnara la resolución que cerró el proceso en su contra.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el recurso de apelación y sostiene que el expediente está relacionado con el presunto desvío de 288.01 millones de lempiras provenientes de convenios suscritos entre 2010 y 2014 para proyectos sociales y productivos.
Según las investigaciones financieras citadas por la institución, al menos 62.02 millones de lempiras habrían sido utilizados en actividades vinculadas con la campaña política de Hernández.
Entre los principales cuestionamientos, la Procuraduría señala que una parte importante de la prueba documental ofrecida por la acusación no fue admitida durante el proceso. De 38 medios propuestos, 22 quedaron fuera, equivalentes a cerca del 58 % de la carga probatoria presentada.
La PGR también destacó el testimonio de Fernando Suárez, vinculado con una de las fundaciones que habrían administrado parte de los recursos investigados. La institución sostiene que sus declaraciones aportaban información sobre el manejo y destino del dinero señalado en el expediente.
Otro punto de la apelación se relaciona con la exclusión de 80 constancias correspondientes a comunidades que debían beneficiarse con los recursos. Para la Procuraduría, estos documentos podían contribuir a establecer si los proyectos fueron ejecutados y si los fondos llegaron a los destinos previstos.
La institución rechazó además que auditorías anteriores hayan descartado irregularidades en el manejo de esos recursos. Argumentó que las revisiones realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Congreso Nacional no abarcaron el denominado Fondo Departamental, sino otros componentes presupuestarios.
Con el recurso ya presentado, la Corte de Apelaciones deberá determinar si mantiene el sobreseimiento definitivo o si revoca la resolución y permite que el proceso continúe por los delitos de fraude y lavado de activos señalados por la acusación. (BG-Stampa)


