Tegucigalpa, 27 ago.- El Gobierno y las organizaciones sindicales del sector público cerraron la negociación salarial de 2026 con un incremento para los trabajadores de la Administración Central, después de varias jornadas en las que las partes discutieron el monto y las condiciones que acompañarían el reajuste.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) confirmó que el entendimiento establece un aumento de 1,200 lempiras mensuales, calculado sobre el salario ordinario devengado al 30 de junio y con vigencia desde el 1 de julio de 2026 para los servidores públicos sujetos al Régimen de Servicio Civil.
El acuerdo incorpora además 100 lempiras adicionales por cada quinquenio cumplido al 30 de septiembre de 2026, beneficio que comenzará a reconocerse desde el 1 de octubre. Esta asignación no modifica los 750 lempiras que actualmente corresponden por concepto de quinquenios.
Durante la etapa final de las conversaciones, Miguel Mejía, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), indicó que el documento todavía era revisado antes de formalizarse. El representante sindical reconoció que el monto alcanzado quedó por debajo de las aspiraciones planteadas inicialmente por los trabajadores, aunque destacó que las negociaciones continuaron hasta encontrar una cifra aceptada por ambas partes.
En la negociación participaron representantes de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGT), la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), que integraron la delegación sindical encargada de alcanzar el entendimiento con el Ejecutivo.
Por parte del Gobierno, el acta fue suscrita por el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto, y el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules. La SETRASS precisó que tanto el reajuste acumulado desde julio como el beneficio adicional por quinquenios deberán hacerse efectivos a más tardar el 30 de noviembre de 2026.
Con el acta ya suscrita, el proceso pasa ahora a la aplicación de los nuevos montos para los trabajadores comprendidos en el Régimen de Servicio Civil. Las instituciones involucradas deberán ejecutar los pagos dentro de los plazos establecidos y dar cumplimiento a las condiciones acordadas entre el Gobierno y las centrales obreras.


