Tegucigalpa, 26 ago.- La búsqueda de más de un millar de hondureños cuyo paradero continúa sin conocerse llegó nuevamente al debate legislativo, esta vez mediante una propuesta que busca establecer responsabilidades del Estado y medidas de respaldo para las familias que enfrentan una desaparición.
El pleno del Congreso Nacional conoció este martes el anteproyecto de Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y de Sus Familiares, iniciativa que fue remitida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el diputado David Manaiza, para continuar su análisis.
La propuesta es promovida por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) junto con organizaciones de familiares de desaparecidos y fue presentada ante los diputados por el congresista Néstor Guardado. El proyecto había llegado al Legislativo meses atrás y retoma una iniciativa discutida durante el período anterior.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, pidió que durante el proceso se incorpore la opinión emitida previamente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se actualice el contenido de la propuesta y se abra una etapa de socialización antes de avanzar con su discusión.
Zambrano señaló que las desapariciones afectan a familias de distintos departamentos del país y pueden ocurrir tanto dentro del territorio hondureño como durante las rutas migratorias hacia Estados Unidos y otros destinos. A su criterio, el Estado debe contar con mecanismos que brinden protección y acompañamiento a quienes permanecen buscando a sus familiares.
Durante la sesión también intervino Génesis Ramírez, quien busca a su madre, Julia Oneida Vásquez Sierra, desaparecida mientras recorría la ruta migratoria hacia Estados Unidos. De acuerdo con registros de organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas, en Honduras se reportan 1,232 casos de desaparecidos.
El anteproyecto continuará ahora bajo revisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que deberá analizar su contenido y promover su socialización antes de que pueda regresar al pleno. La discusión cobra relevancia a pocos días del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto. (BG-Stampa)


