Tegucigalpa, 17 ago.- El cierre del Estatus de Protección Temporal (TPS) podría generar consecuencias económicas y sociales para Honduras, especialmente por la reducción de remesas y la eventual necesidad de reincorporar al país a miles de ciudadanos que perderían esa protección migratoria.
El analista, Ramón Custodio, estima que alrededor de 55 mil hondureños quedarían expuestos a procesos de deportación, un escenario que, a su criterio, debería obligar al país a preparar respuestas tanto para las familias afectadas como para quienes regresen desde Estados Unidos.
Entre los principales riesgos, Custodio señala una posible disminución de los envíos de dinero hacia Honduras. Calcula que el impacto podría rondar los $250 millones anuales, dependiendo de la cantidad de personas que dejen de enviar recursos tras perder su estatus migratorio.
El eventual retorno también abriría un reto en materia de empleo y adaptación. El analista considera que Gobierno, empresa privada, sociedad civil e iglesias deberían coordinar acciones para facilitar la reinserción económica y social de quienes vuelvan al país.
Custodio también planteó la importancia de mantener canales de diálogo con Estados Unidos para abordar la situación de los hondureños afectados y las consecuencias que pueda generar el fin del programa.
A su juicio, el carácter temporal del TPS hacía necesario anticipar este escenario. Ahora, el desafío será atender al mismo tiempo la reducción potencial de remesas, la llegada de personas deportadas y las condiciones que necesitarán para reincorporarse a la vida productiva del país. (BG-Stampa)