Tegucigalpa, 18 jun.- El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro, una normativa orientada a readecuar y refinanciar deudas de sectores productivos afectados por mora o créditos vencidos.
La iniciativa autoriza el saneamiento de cartera de productores en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y también permite que el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) implemente programas extraordinarios de readecuación y refinanciamiento.
El decreto beneficiará a productores agropecuarios y empresas asociativas campesinas del sector reformado con deudas en mora o cuotas vencidas al 31 de diciembre de 2023. También incluye a salineros, arroceras y pequeños y medianos camaroneros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.
De acuerdo con la ley aprobada, los beneficiarios deberán cancelar únicamente los intereses regulares de los últimos 90 días, calculados sobre el crédito original. La readecuación se aplicará con una tasa de interés máxima de 2 %, a un plazo de 10 años y con un año de gracia, manteniendo las garantías originales del crédito.
La normativa establece que, para acceder a nuevos financiamientos en BANADESA y SENPRENDE, se requerirá un seguro agropecuario que cubra el 100 % del área financiada cuando no exista un sistema de riesgos disponible. En los casos donde sí exista ese sistema, la contratación del seguro será opcional.
El decreto también autoriza al Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a subsidiar el 80 % del valor de la prima del seguro agropecuario. Para este mecanismo se dispondrá de 100 millones de lempiras, con el objetivo de reducir el impacto económico sobre pequeños productores.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que la ley fue socializada durante cerca de dos meses con distintos sectores productivos antes de su aprobación. Diputados de varias bancadas respaldaron la iniciativa, quienes coincidieron en que la medida busca reactivar la producción, proteger empleos y fortalecer la seguridad alimentaria del país. (BG-Stampa)


