Tegucigalpa, 9 may.- La Comisión de Energía del Congreso Nacional continúa el proceso de socialización de las reformas a la Ley del Sector Eléctrico, con el objetivo de recoger observaciones de los sectores vinculados al sistema energético antes de que el proyecto sea llevado al pleno legislativo.
La jornada fue encabezada por el diputado nacionalista por Yoro, Milton Puerto, presidente de la comisión, con la participación de representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), generadores de energía renovable y generadores térmicos.
Durante el encuentro, el sector privado destacó la importancia de modernizar el marco regulatorio eléctrico y fortalecer la independencia técnica de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), con el fin de garantizar estabilidad, transparencia y eficiencia en el mercado.
Por parte del COHEP, Santiago Herrera señaló que una reforma responsable puede mejorar la competitividad del país, atraer inversión nacional e internacional y generar empleo, siempre que su implementación sea ordenada y no traslade mayores costos a la población.
El proceso forma parte del análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con el que se busca construir una propuesta consensuada para atender problemas como las pérdidas de energía, la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la calidad del servicio, la necesidad de atraer inversión y el fortalecimiento de áreas estratégicas como la transmisión eléctrica.
Asimismo las reformas propuestas incluyen dldividir la ENEE en tres administraciones independientes pero coordinadas: generación, transmisión y distribución.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, descartó que las reformas representen una privatización de la estatal eléctrica y explicó que la propuesta busca ordenar el sistema, mejorar el servicio y atender el problema de los apagones.
La Comisión de Energía indicó que las consultas continuarán con organizaciones de sociedad civil y otros actores vinculados al sistema energético, antes de definir el dictamen que eventualmente será sometido a discusión en el Congreso Nacional. (BG-Stampa)


