Tegucigalpa, 29 abr.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Procuraduría General de la República (PGR) avanzan en la construcción de una política pública anticorrupción, tras participar en una mesa de trabajo interinstitucional orientada a fortalecer la coordinación entre entidades del Estado.
La jornada fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, y contó con la participación del procurador general, Dagoberto Aspra, así como de la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, quienes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar la corrupción.
En el encuentro también participaron magistrados del Poder Judicial, representantes del Juzgado de Criminalidad Organizada y Privación de Dominio, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), instituciones que aportaron insumos para fortalecer las estrategias de prevención, investigación y sanción.
A este espacio se sumó el Ministerio Público, a través de la Dirección de Fiscales y unidades especializadas en crimen organizado y redes de corrupción, con el objetivo de integrar capacidades técnicas en el abordaje de estos delitos.
Según lo expuesto, el trabajo conjunto busca sentar las bases de una política que permita mejorar la articulación entre instituciones, promover la transparencia y reforzar la capacidad del Estado para enfrentar prácticas corruptas desde distintos frentes.
Las autoridades señalaron que este tipo de mesas interinstitucionales representan un paso hacia una coordinación más efectiva, basada en objetivos comunes y en el intercambio de información clave para la toma de decisiones.
Asimismo, se prevé la conformación de una mesa técnica permanente que dará seguimiento a la implementación de la política anticorrupción, con el propósito de consolidar acciones sostenidas en el tiempo.
Las instituciones participantes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la defensa del interés público, en un contexto en el que distintos sectores demandan resultados concretos en la lucha contra la corrupción. (BG-Stampa)
