Tegucigalpa, 27 abr.- En medio de antecedentes recientes de embargos que han afectado recursos públicos, el Poder Judicial de Honduras dio a conocer nuevas disposiciones orientadas a resguardar los fondos que el Estado transfiere a las municipalidades.
A través del Decreto No. 36-2026, se establece que no podrán aplicarse embargos o retenciones que superen el 30 % de dichas transferencias, con el fin de evitar afectaciones en la prestación de servicios y en la ejecución de proyectos locales.
La normativa también contempla la protección de asignaciones específicas, como el 1 % correspondiente al Fondo de Transparencia Municipal y el 1 % destinado a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), recursos que quedan excluidos de posibles retenciones.
De acuerdo a la fuente judicial, con esta medida se busca establecer un marco que permita atender obligaciones legales sin comprometer el funcionamiento de las alcaldías, particularmente en áreas vinculadas a servicios básicos y desarrollo comunitario.
El Poder Judicial indicó que el decreto apunta a mantener un equilibrio entre el cumplimiento de resoluciones judiciales y la continuidad de las operaciones municipales en el país.
El anuncio se produce en un contexto en el que se han registrado acciones judiciales de embargo contra el Estado hondureño, lo que ha generado presión sobre las finanzas públicas y ha encendido alertas sobre el impacto en los gobiernos locales.
Estos procesos han incidido en la disponibilidad de recursos, limitando la ejecución de programas y compromisos institucionales. (BG-Stampa)