Tegucigalpa, 14 abr.- Las comparecencias en el juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional continuaron con nuevas declaraciones de testigos que incluyen serias denuncias contra funcionarios electorales acusados por el organismo legislativo.
Primero compareció la secretaria general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Thelma Cristina Martínez, quien rindió testimonio ante la comisión especial encargada del proceso.
Durante su intervención, Martínez aseguró que dentro del organismo electoral se vivió un ambiente de presión, señalando que existió una “persecución desmedida y desproporcionada” por parte de órganos del Estado. Asimismo, indicó que la ausencia del consejero Marlon Ochoa en varias sesiones del pleno incidió en el desarrollo del calendario electoral, provocando retrasos en decisiones clave dentro del ente.
En contraste, en el segundo testimonio, compareció José Antonio Barahona, padre de la magistrada fallecida, Miriam Barahona, quien presentó una versión centrada en presuntas irregularidades en el proceso relacionado con su hija.
Barahona afirmó que se habrían “inventado requerimientos fiscales” con el objetivo de impulsar acciones legales, señalando directamente al magistrado Mario Morazán en este contexto.
Según su testimonio, estos hechos ocurrieron mientras su hija se encontraba hospitalizada en Tegucigalpa, en proceso de recuperación y preparación para un trasplante, lo que, a su criterio, agravó la situación. El compareciente también sostuvo que, más allá de posibles sanciones administrativas, los responsables deberían enfrentar procesos judiciales, al considerar que los hechos denunciados trascienden el ámbito político y afectan la legalidad del proceso.
En una nueva fase de las comparecencias, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, compareció como testigo y lanzó señalamientos directos contra su homólogo Mario Morazán, a quien acusó de intentar obstaculizar y paralizar el funcionamiento del organismo.
Durante su intervención, Urrutia aseguró que Morazán abandonaba sesiones legalmente convocadas, lo que, según explicó, generó retrasos en decisiones internas clave. Indicó que estas situaciones se evidenciaron desde septiembre de 2024, tras la integración del pleno, afectando el cumplimiento de procesos institucionales.
Asimismo, rechazó las afirmaciones realizadas previamente por Morazán, señalando que estas se sustentaban en “tecnicismos legales, pero no precisos”, y sostuvo que su comparecencia tenía como objetivo desvirtuarlas con base en documentación y argumentos jurídicos.
Finalmente, Urrutia afirmó que no existe un conflicto personal, pero sí una obligación institucional de señalar errores, al tiempo que negó que se haya omitido el envío de documentación en convocatorias. Además, advirtió que las actuaciones señaladas pudieron poner en riesgo el funcionamiento del tribunal e incluso afectar la estabilidad democrática del país. (BG-Stampa)


