Tegucigalpa, 24 feb.- En su primer Consejo de Ministros, la administración del presidente Nasry Asfura comenzó la aprobación de un decreto ejecutivo PCM orientado a la eficiencia y modernización del sector público, que contempla la supresión y reestructuración de varias dependencias.
Entre las primeras decisiones figura la derogación del PCM-056-2019 y la supresión de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), argumentando que sus funciones duplicaban competencias ya asignadas al Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Las atribuciones vinculadas a infraestructura comunitaria serán trasladadas a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Asimismo, se contempla la eliminación de la Secretaría de Planificación y Estrategia y de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, esta última creada para coordinar labores de otras dependencias. Durante la revisión administrativa se señaló que en la Secretaría de Planificación se identificaron estructuras con más de 620 personas en planilla, lo que reforzó la necesidad de ajustes organizativos.
En el área de vivienda, la Secretaría del ramo absorberá la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Programa Nacional de Vivienda y el Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), consolidándose como una dependencia operativa con una estructura reducida, conforme a la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Durante la conferencia de prensa posterior a la sesión, Argueta explicó que cada secretario de Estado deberá presentar en un plazo máximo de dos semanas un informe detallado sobre la situación financiera y administrativa en la que recibieron sus instituciones, incluyendo recursos humanos, bienes y ejecución de proyectos, con el fin de establecer una base técnica para la reorganización.
De forma paralela, se anunció la creación de un Programa Presidencial para el Fortalecimiento y la Descentralización en coordinación con los 298 gobiernos municipales, así como el impulso a un sistema de integridad pública y control anticorrupción. Además, se adelantó que en una segunda fase se discutirá un decreto para priorizar la rehabilitación del puerto de Henecán, considerado estratégico para el desarrollo de la zona sur. (BG-Stampa)
