Caracas, 5 feb (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley, que aún debe ser aprobado en un segundo debate.
El también excanciller expresó que el proyecto “allana esos procesos” de diálogo político que “vienen encaminados a dar paz y prosperidad” en “este momento histórico”.
“Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos”, dijo.
El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.
“No tenemos mucho tiempo”, aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación”.
El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.
“Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.
Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EE.UU., con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política “sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes”, en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.
La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.
Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.
La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.
Parlamento comienza a discutir proyecto de amnistía para presos políticos en Venezuela
Caracas, 5 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, ha comenzado este jueves una primera discusión sobre el proyecto de una ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos desde 1999, año en que el hoy fallecido presidente Hugo Chávez llegó a la Presidencia del país.
El proyecto tiene 13 artículos y establece las disposiciones generales “destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación” y “los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación”, según la exposición de motivos compartida a EFE por un diputado bajo condición de anonimato.
La propuesta fue presentada el 30 de enero por Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en suelo venezolano.
De acuerdo a la exposición de motivos, se busca “la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad”, mediante “la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos”.
“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, señala.
Tal como lo había adelantado Rodríguez en su discurso, en el documento se plantea que quedan excluidos de sus beneficios “aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, y la última propuesta de ley fue presentada el pasado 27 de enero por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad para “todas esas personas que han sido perseguidas” o “privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales”.
Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de personas.
Este miércoles, el diputado chavista dijo que espera que el proyecto de amnistía “potencie de manera acelerada” el diálogo político convocado por el Gobierno.
La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, para luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.
La ley se remite al mandatario, quien la firma, y entra en vigencia una vez se publique en Gaceta Oficial, el medio oficial de difusión.
