La Haya, 12 ene (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, comenzó este lunes a analizar la acusación contra Myanmar (Birmania) por violación de la Convención contra el Genocidio por su “patrón de conducta” con, según la denuncia, una “intención de destruir” a la minoría musulmana rohinyá en el Estado de Rakáin.
Las audiencias, en su mayoría públicas, se extenderán hasta el 29 de enero, según la agenda oficial, e incluirán varias rondas de argumentos orales de Gambia, que fue quien inició este procedimiento, y de Myanmar, aunque también habrá sesiones a puerta cerrada -por motivos de seguridad- en las que se escuchará a testigos y expertos.
El tribunal debe determinar si el país asiático ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio con sus prácticas contra la minoría musulmana rohinyá, después de que Gambia, firmante -al igual que Myanmar- de la Convención, iniciara el caso en 2019 acusando a las autoridades birmanas de tener una intención genocida contra este grupo.
«Un patrón de conducta»
Al abrir este lunes las audiencias sobre el fondo del caso, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, sostuvo que Myanmar mantiene “un patrón de conducta” que refleja una “intención de destruir” a la minoría rohinyá, y describió un contexto de “persecución atroz” prolongada y precedida por décadas de “propaganda deshumanizante”.
También habló de operaciones de “limpieza” y “políticas destinadas a borrar la presencia” rohinyá en Myanmar, lo que incluyó, señaló, violaciones “brutales y atroces” como asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas en Rakáin.
El centro del caso son las operaciones militares lanzadas en 2016 y 2017 en Rakáin, que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. Las autoridades birmanas aseguran que esa ofensiva iba dirigida contra grupos armados o terroristas, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian una campaña de limpieza étnica en el país, de mayoría budista.
La ONU concluyó en 2018 que existían indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, y señaló que, como consecuencia de la violencia, más de 700.000 personas huyeron a Bangladés, donde siguen viviendo en campos de refugiados en condiciones precarias. Myanmar rechaza las acusaciones de genocidio.
“No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional. Se trata de personas reales, de historias reales, de un grupo real de seres humanos: los rohinyá de Myanmar. Han sido objeto de destrucción (…) Ha convertido sus vidas en una pesadilla, sometiéndolos a la violencia y destrucción más horribles que uno pueda imaginar”, advirtió Jallow.
La demanda cuenta con el respaldo formal ante la CIJ de otros once países, y el apoyo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica. El tratado considera el genocidio un crimen de interés internacional cuya persecución no depende de que un Estado esté directamente afectado, lo que permitió a Gambia asumir la causa.
Reparaciones y garantías
El país africano solicita que la CIJ declare que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales, imponga reparaciones a las víctimas y obligue a las autoridades birmanas a ofrecer garantías de no repetición.
En una fase provisional del caso en 2019, la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, habló ante la CIJ en La Haya para rechazar las acusaciones, que calificó de “engañosas”, y defendió la posición del Ejército birmano en un conflicto “interno” que es “muy complejo y difícil de entender”.
Ya entonces, la CIJ ordenó medidas cautelares a Myanmar en 2020 por las que le exigió acciones inmediatas para proteger a la población rohinyá, pero las organizaciones de derechos humanos sostienen que las violaciones continuaron y que la situación se ha deteriorado aún más tras el golpe de Estado militar de 2021. El grupo rebelde Ejército de Arakán controla hoy amplias zonas en Rakáin y también ha sido acusado de violencia contra los rohinyá.
No se espera una sentencia a corto plazo, puesto que la CIJ deberá deliberar durante meses antes de decidir si Myanmar incurrió en responsabilidad por genocidio.
La minoría musulmana rohingya, asentada principalmente en Rakáin, en el oeste de Myanmar, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia por parte de las autoridades birmanas, que no la reconocen como grupo étnico nacional ni le conceden la nacionalidad.
Una eventual condena de la CIJ, que tendría efectos sobre la definición de genocidio y la carga de la prueba asociada a este crimen, podría sentar un precedente para otros casos internacionales que incluyen acusaciones por genocidio, como el iniciado por Sudáfrica en 2023 contra Israel por la presunta intención genocida de sus operaciones militares en la Franja de Gaza.
Imane Rachidi
Gambia denuncia ante CIJ que Birmania tiene intención «genocida» de destruir a los rohinyá
La Haya, 12 ene (EFE).- Gambia denunció este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Birmania (Myanmar) mantiene un “patrón de conducta” contra la población rohinyá que refleja una “intención de destruir al grupo”, en su totalidad o en parte, lo que supondría presuntos actos de “genocidio” contra esta minoría musulmana.
Al abrir las audiencias sobre el fondo del caso contra Birmania, el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, sostuvo que ese patrón se manifiesta en operaciones militares de 2016 y 2017, en políticas posteriores y en informes “creíbles” de la ONU y otras organizaciones, que describen violaciones “brutales y atroces”, incluidos asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas de este grupo perseguido en el norte del Estado de Rakáin.
Gambia presentó en 2019 la demanda ante la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas, contra las autoridades birmanas como país firmante de la Convención contra el Genocidio, con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica, de 11 países que han intervenido formalmente en el procedimiento, y de decenas de organizaciones de derechos humanos.
El representante gambiano insistió hoy en que la Convención, de 1948, “pierde sentido si no se aplica y se hace cumplir”, y defendió que los países firmantes tienen el deber de evitar la impunidad, puesto que la falta de rendición de cuentas ha permitido tanto “un ciclo de atrocidades” como que los mandos militares implicados sigan ejerciendo el poder.
Jallow describió un contexto de “persecución atroz” prolongada, precedida por décadas de “propaganda deshumanizante”, que culminó en las llamadas operaciones de “limpieza” y continuó con “políticas destinadas a borrar la presencia” rohinyá en Myanmar.
Gambia anunció que los testigos, que declararán en las próximas semanas ante la CIJ a puerta cerrada por razones de seguridad, relatarán ataques en aldeas concretas y la pérdida de familiares durante esas operaciones.
El ministro subrayó que el caso se apoya en un patrón repetido y en actos y omisiones de las autoridades birmanas, visible tanto en las operaciones sobre el terreno como en la ausencia de investigaciones y sanciones de los crímenes, lo que, en su opinión, revela “la intencionalidad”, factor exigido por la Convención para calificar legalmente los actos como genocidio.
También subrayó la presencia en la sala de miembros de la comunidad rohinyá, incluidos refugiados procedentes de Bangladés.
Las audiencias sobre el fondo del caso se prolongarán hasta finales de enero e incluirán el examen de testigos y de un perito, y tras esta fase, la CIJ deberá determinar si Birmania incurrió en actos que puedan describirse como genocidio contra la población rohinyá y qué consecuencias jurídicas se derivan de ello. La sentencia tardará varios meses en llegar.
La minoría musulmana rohinyá, asentada principalmente en el Estado de Rakáin, en el oeste de Birmania, lleva décadas sufriendo discriminación sistemática, privación de derechos y violencia por parte de las autoridades birmanas, que no la reconocen como grupo étnico nacional ni le conceden la nacionalidad.
Esta persecución alcanzó un punto crítico en las operaciones militares de 2016 y 2017, que provocaron asesinatos, violaciones, quema de aldeas y el desplazamiento de más de 700.000 personas hacia Bangladés, hechos que la ONU ha calificado como posibles crímenes de genocidio y de lesa humanidad.