Tegucigalpa, 28 oct.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) abrirá una investigación especial sobre las planillas, la distribución de docentes y el pago de salarios en la Secretaría de Educación, tras recibir una denuncia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Las verificaciones abarcarán el período 2022-2026.
La denuncia surge de un análisis que reporta 4,191 empleados adicionales en la estructura educativa durante esos años, mientras los centros públicos perdieron 87,134 estudiantes. El TSC deberá establecer si la distribución y contratación de personal respondió a las necesidades del sistema.
Entre los hallazgos reportados aparecen 366 docentes con cuatro plazas o más. También se identificaron 193 personas contratadas para impartir clases cuyas plazas figuran registradas en direcciones departamentales.
El componente salarial también estará bajo revisión. En 2025, 85 de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación se destinaron a salarios, mientras la planilla docente representó un costo mensual de L2,019 millones.
La investigación deberá contrastar los señalamientos con documentos, registros administrativos y datos oficiales antes de establecer responsabilidades. El TSC podrá determinar consecuencias administrativas o civiles y, si encuentra indicios penales, remitir los casos al Ministerio Público.
Desde Educación se han planteado observaciones sobre la interpretación de las cifras. La directora departamental de Francisco Morazán, Digna Ruiz, señaló que la planilla cambia por ingresos, fallecimientos y movimientos de docentes, mientras algunas modalidades virtuales y programas alternativos también inciden en la matrícula.
El informe de ASJ servirá como punto de partida para las verificaciones, pero será el TSC el que determine si los hechos denunciados constituyen irregularidades. Los resultados de la investigación definirán si existen responsabilidades por el manejo de plazas, salarios y recursos destinados al sistema educativo.