Tegucigalpa, 28 oct.- La continuidad del proceso contra tres integrantes de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) quedará en manos de una instancia superior, después de que el Ministerio Público decidiera recurrir el sobreseimiento definitivo otorgado a los agentes. La revisión deberá determinar si la resolución se mantiene o si existen fundamentos para reabrir el camino penal.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula asumirá el trámite de la apelación. El expediente proviene del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, órgano que emitió la resolución ahora cuestionada.
Los tres agentes eran procesados por presunto tráfico de drogas agravado y uno de ellos también enfrentaba una acusación por tenencia de munición prohibida. El sobreseimiento frenó el avance de esos cargos en la instancia judicial que conocía el expediente.
Antes de esa resolución, el Ministerio Público había llevado a la audiencia inicial 24 medios de prueba y tres testigos para respaldar su acusación. Ese material formaba parte del sustento con el que la Fiscalía buscaba mantener vigente el proceso contra los imputados.
La investigación se apoyó además en actuaciones desarrolladas junto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). A ese trabajo se incorporaron los resultados de los análisis periciales efectuados sobre la droga decomisada, como parte de los elementos técnicos reunidos durante el caso.
El punto que terminó separando al juzgado y la Fiscalía fue la valoración del registro practicado en una vivienda que el expediente vincula con una casa de seguridad utilizada por agentes de la DAET. La resolución anuló esa actuación; el Ministerio Público, en cambio, sostiene que la orden judicial y el momento en que se ejecutó cumplían con los requisitos establecidos por la ley.
La apelación definirá ahora si el sobreseimiento permanece firme o si el proceso puede continuar bajo una valoración distinta de las actuaciones cuestionadas. El Ministerio Público también dejó abierta la posibilidad de investigar la actuación del juez que conoció la causa, lo que podría generar un frente adicional al trámite del recurso.