Tegucigalpa, 21 ago.- Las personas que mantienen procesos judiciales por obligaciones económicas pendientes con el Estado tendrán una nueva vía para buscar acuerdos de pago, luego de que el Congreso Nacional aprobara modificaciones a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
La reforma permite que quienes prestaron servicios en los programas incluidos en esa normativa puedan solicitar una conciliación sin esperar necesariamente a que la demanda llegue a una sentencia definitiva. Si el acuerdo prospera, la deuda reconocida deberá ser cancelada en un período que no exceda los 18 meses.
El mecanismo no será automático. Los solicitantes tendrán que acreditar que efectivamente prestaron los servicios reclamados, demostrar que no recibieron anteriormente el pago por el mismo concepto y comprobar que el proceso judicial continúa activo.
La disponibilidad de recursos también será determinante para avanzar con cada caso. Por ello, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) queda facultada para identificar y habilitar las partidas necesarias destinadas al cumplimiento de las obligaciones que sean reconocidas mediante conciliación.
Una vez que la persona presente toda la documentación requerida y la institución compruebe que reúne las condiciones establecidas, habrá un plazo de hasta 45 días hábiles para formalizar el acuerdo, siempre que exista capacidad presupuestaria para asumir el compromiso.
Cada conciliación deberá establecer con claridad el monto que será reconocido, la forma de pago, la frecuencia de los desembolsos y el calendario para completar la obligación. Los pagos podrán programarse mensualmente, de acuerdo con las condiciones definidas entre las partes.
Con la reforma, el Congreso Nacional establece un procedimiento para que determinadas reclamaciones económicas pendientes puedan encaminarse mediante acuerdos antes de agotar todo el proceso judicial, mientras SEFIN tendrá a su cargo la gestión de los recursos necesarios para cumplir los pagos que sean formalmente reconocidos. (BG-Stampa)