Tegucigalpa, 20 ago.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció acuerdos alcanzados durante el I Congreso por la Seguridad Alimentaria que permitan incluir en el presupuesto de 2027 fondos para atender necesidades de los territorios afectados por sequias y fortalecer la capacidad de las alcaldías frente a emergencias de inseguridad alimentaria.
La emergencia provocada por la sequía comenzará a reflejarse en las decisiones financieras del próximo año, con mayor atención a transferencias municipales, seguridad alimentaria, producción agropecuaria y proyectos de agua dentro de la planificación del presupuesto de 2027.
Dentro de esa ruta, el presidente Nasry Asfura solicitó que el próximo ejercicio fiscal contemple mayores recursos para los gobiernos locales. La instrucción fue trasladada al titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Emilio Hernández Hércules, mientras esa dependencia trabaja en la formulación del proyecto presupuestario que posteriormente llegará al Legislativo.
La respuesta no quedará concentrada únicamente en los recursos del próximo año. Para los 75 municipios bajo alerta roja se plantearon medidas inmediatas relacionadas con asistencia alimentaria, disponibilidad de maquinaria y apoyo a pequeños productores y ganaderos afectados por las pérdidas ocasionadas por la falta de lluvias.
Los gobiernos municipales también podrían contar con mayor margen para dirigir recursos hacia las necesidades provocadas por la emergencia. Entre los planteamientos discutidos figura facilitar ajustes presupuestarios dentro de los procedimientos legales correspondientes, de manera que las alcaldías puedan actuar según las condiciones de cada territorio.
El acceso al agua constituye otro de los ejes surgidos del encuentro, con la propuesta de desarrollar un Plan Nacional de Agua que contemple reservorios, perforación de pozos y otras alternativas de almacenamiento para reducir la vulnerabilidad de las comunidades durante períodos prolongados de sequía.
Los acuerdos tendrán seguimiento para evaluar su cumplimiento y determinar qué medidas deberán mantenerse o ampliarse conforme evolucione la emergencia. La intención es combinar la atención inmediata con decisiones presupuestarias de mayor alcance que reduzcan el impacto de futuras sequías sobre el agua, la producción y el acceso a alimentos. (BG.-Stampa)