Tegucigalpa, 15 abr.- La falta de respuesta a demandas laborales volvió a sacar a las calles al personal del sector salud, que este día se movilizó en la capital para exigir pagos atrasados y la restitución de trabajadores despedidos.
Desde horas de la mañana, médicos y personal sanitario se desplazaron por el bulevar Centroamérica hasta Casa Presidencial, donde realizaron una protesta pacífica para visibilizar sus reclamos relacionados con salarios pendientes, reintegros y mejores condiciones en hospitales y centros de salud.
Durante la manifestación, distintos gremios del área de salud se sumaron al llamado, entre ellos representantes de Trabajo Social, el Colegio de Odontólogos y el Colegio de Químico Farmacéuticos, quienes respaldaron las exigencias del sector médico.
Los médicos pidieron ser escuchados por el presidente de la República, Nasry Asfura, que ejerce como ministro del área de salud, con el objetivo de establecer un diálogo que permita alcanzar acuerdos concretos en torno a sus demandas laborales. Sin embargo, según manifestaron, no obtuvieron respuesta por parte del mandatario, lo que generó molestia y decepción entre los participantes, quienes señalaron que no fueron recibidos.
Los profesionales de la salud insistieron en que sus reclamos no deben ser politizados, argumentando que su labor está enfocada en la atención a la población, por lo que consideran necesario que sus derechos laborales sean atendidos sin distinción.
Asimismo, advirtieron que, de no obtener una respuesta en el corto plazo, podrían continuar las movilizaciones en los próximos días, reiterando su llamado al diálogo y señalando que la problemática no se limita a la Secretaría de Salud (SESAL), sino que también alcanza a instituciones como COPECO, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y el sector educativo.
En paralelo, sindicatos afiliados a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) también reportaron protestas en el sector público, exigiendo el reintegro de trabajadores despedidos a nivel nacional.
Según indicaron, se trata de más de 3,800 personas afectadas, incluyendo mujeres embarazadas y personas con condiciones físicas especiales, respaldando su reclamo en el artículo 112 del Código del Trabajo y señalando que las desvinculaciones responden a criterios de sectarismo político. (BG-Stampa)
