Caracas, 9 abr (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad este jueves la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.
El segundo debate necesario para su aprobación tardó cuatro sesiones, incluida la de hoy, para aprobar esta norma, que tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.
La ley abre la puerta en sus primeros doce artículos a la inversión privada y extranjera, así como a la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.
En el artículo 74 de la nueva norma, se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere esta Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles para adquirir títulos mineros hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.
El Banco Central de Venezuela “tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional”, de acuerdo a la ley.
Por otra parte, en el artículo 91, se indica que el pago de regalías al Estado venezolano es de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.
De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los “parámetros necesarios” para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir “en dinero o en especie”.
Asimismo destaca el 36, que indica que el Estado, “por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos”.
En el artículo 124 se señala que en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental, se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión.
Este proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de su país tienen deseos de operar en Venezuela.
Después de esa visita, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas de EE.UU. a hacer algunas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano.