Tegucigalpa, 19 mar.-Las reformas en materia de seguridad volvieron a la discusión en el Congreso Nacional, en medio de una nueva etapa de revisión legal orientada a fortalecer la persecución penal de delitos como la extorsión y otras actividades vinculadas al crimen organizado.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Seguridad, como parte de una primera fase de trabajo enfocada en revisar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Zambrano explicó que el objetivo es dotar de mayores herramientas legales a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional, mediante una revisión integral del delito de extorsión que incluya nuevas agravantes y formas de participación.
Entre los cambios propuestos se contempla el uso de menores de edad, adultos mayores y terceros en el cobro de extorsión, así como la posible implicación de operadores de justicia, agentes policiales o integrantes del sistema financiero dentro de redes criminales.
Asimismo, se plantea reformar los procedimientos relacionados con la declaración de víctimas y testigos, con el fin de reducir su exposición durante los procesos judiciales y fortalecer su protección.
Otro de los puntos clave es la revisión de mecanismos vinculados a llamadas telefónicas y transferencias electrónicas, herramientas frecuentemente utilizadas para la ejecución de extorsiones, especialmente en sectores como el comercio y el transporte.
En paralelo, también se analiza la posibilidad de otorgar facultades para declarar como terroristas a determinadas estructuras criminales, aunque esta figura ya está contemplada en el artículo 587 del Código Penal y en la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
Por su parte, el ministro Gerson Velásquez destacó la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para impulsar una respuesta integral frente a la criminalidad. Señaló que el tema de seguridad trasciende el ámbito político y es clave para el desarrollo económico y la convivencia ciudadana, además de confirmar que esta fase incluye propuestas técnicas orientadas a fortalecer la persecución penal, especialmente en delitos como la extorsión. (BG-Stampa)