Tegucigalpa, 10 mar.- La Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso presentado por la defensa del Fiscal General Joel Zelaya contra la querella de Cossette López por presunta colusión y revelación de secretos. La audiencia de conciliación se mantiene para el lunes 16 de marzo a las 9:00 a.m.
La consejera denunció al Fiscal General por la comisión de los delitos de calumnia y revelación de secretos
De acuerdo con la información confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el juzgado correspondiente notificó a las partes procesales sobre el cambio de fechas en las diligencias judiciales relacionadas con las querellas por presuntos delitos contra el honor.
En el caso de la querella presentada contra el fiscal general Johel Zelaya, la audiencia de conciliación quedó programada para el 16 de marzo a las 9:00 de la mañana, etapa inicial del proceso que busca determinar si las partes pueden alcanzar un acuerdo antes de que el caso avance a otras fases judiciales.

López alegó en la querella que Zelaya actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso y sin que existan pruebas formales en su contra.
La denuncia de la consejera establece que el Fiscal General la difamó y la prejuzgó públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el entonces jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Querella contra Marlon Ochoa
Por su parte, la audiencia correspondiente a la querella contra el consejero del CNE Marlon Ochoa fue reprogramada para el 25 de marzo a las 10:00 de la mañana, también bajo el mecanismo de conciliación que establece la legislación para este tipo de procesos.
Las querellas fueron presentadas por Cossette López tras una serie de declaraciones públicas que, según su posición, afectan su honor y reputación, lo que motivó la apertura de los procedimientos judiciales ante los tribunales correspondientes.
Con la reprogramación de estas audiencias, el proceso continúa su curso dentro del sistema judicial, a la espera de que en las fechas señaladas se determine si las partes logran una conciliación o si los casos avanzan hacia otras etapas del procedimiento legal. (BG-Stampa)


