Tegucigalpa, 19 feb.- El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para enfrentar la situación fiscal del país ha generado análisis y reacciones en distintos sectores. En ese marco, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una serie de observaciones que, a su criterio, deben ser revisadas antes de que la iniciativa avance en el Congreso Nacional.
En su pronunciamiento, el organismo aclaró que no cuestiona la facultad del Estado para reorganizar su estructura administrativa ni racionalizar el gasto público; sin embargo, subrayó que cualquier reforma debe respetar las garantías constitucionales y el acceso efectivo a la justicia.
Entre los principales puntos señalados, el CNA advirtió sobre el riesgo de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que el proyecto autoriza reducciones de personal y, al mismo tiempo, limita mecanismos de control y revisión de decisiones administrativas en materia laboral. Según el análisis, esta combinación podría dejar a empleados públicos sin herramientas reales para impugnar posibles irregularidades.
Asimismo, el organismo expresó preocupación por la facultad que otorgaría la iniciativa al Poder Ejecutivo para anular o rescindir actos administrativos previos —como resoluciones, contratos o licencias— bajo criterios que podrían resultar discrecionales. A juicio del CNA, sin parámetros claros y sin control jurisdiccional posterior, esta medida podría afectar el debido proceso y generar inseguridad jurídica.
Otro de los aspectos señalados es la suspensión de disposiciones relacionadas con la jurisdicción contencioso administrativa, lo que, según el ente, podría crear incertidumbre respecto a la continuidad de responsabilidades legales del Estado en caso de cierre o supresión de instituciones.
El CNA exhortó al Congreso Nacional a que, en los debates pendientes del proyecto, se delimiten con claridad las facultades extraordinarias propuestas, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico y la protección de derechos fundamentales. (BG-Stampa)