Tegucigalpa, 4 feb.- El Congreso Nacional aprobó un paquete integral de amnistías orientado a facilitar la regularización de deudas, multas, recargos e intereses moratorios acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025, como parte de una medida que busca aliviar la carga económica de ciudadanos y empresas.
Las amnistías aprobadas aplican en distintas áreas, entre ellas el ámbito municipal, energético, vehicular, tributario y migratorio, así como en servicios básicos y entidades estatales específicas, según lo informado por el Poder Legislativo.
En el sector energético, la medida permitirá a los usuarios ponerse al día con deudas pendientes ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sin el pago de recargos ni intereses. De igual forma, la amnistía municipal y tributaria contempla facilidades para regularizar obligaciones con alcaldías municipales y con la administración tributaria del Estado, pagando únicamente el monto base adeudado.
El paquete también incluye amnistías para el pago de obligaciones relacionadas con servicios públicos y entidades como el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), permitiendo a los usuarios regularizar saldos pendientes sin sanciones adicionales.
En materia migratoria, la amnistía aprobada permitirá a personas en condición irregular normalizar su estatus ante las autoridades competentes sin multas ni recargos, mientras que la amnistía vehicular facilitará el pago de matrículas, tasas y otros trámites relacionados con vehículos, bajo condiciones especiales y plazos definidos.
Las autoridades legislativas indicaron que los plazos de vigencia variarán según cada tipo de amnistía y que estas deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, que establecerá los criterios, mecanismos y tiempos de aplicación correspondientes.
El Congreso Nacional aclaró que las amnistías aprobadas tienen carácter administrativo y fiscal, y no constituyen perdones penales, por lo que su objetivo es incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones y contribuir a la estabilidad financiera de las instituciones públicas.

