Tegucigalpa, 3 feb.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y otros exfuncionarios del Estado se presentaron de forma voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o fueron detenidos tras el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, que los vincula a un presunto esquema de fraude en perjuicio del Estado.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra la diputada Isis Cuéllar y al menos 10 exfuncionarios del Estado, en el marco de una investigación por presuntos hechos constitutivos de fraude, según información oficial divulgada este lunes.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público, la investigación se centra en el uso irregular de fondos públicos provenientes de Sedesol, los cuales habrían sido desviados mediante la emisión de cheques destinados a programas sociales en el departamento de Copán, pero utilizados para fines distintos a los establecidos, entre ellos actividades de carácter político y de campaña.
Como parte del proceso, cuatro personas ya fueron detenidas y trasladadas al Poder Judicial para enfrentar audiencia de declaración de imputado. Se trata de Renier Fabrizio Lazaroni Soler, Leanny Kassandra Galeas Arias, Ilys Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, quienes, según la Fiscalía, habrían actuado de manera conjunta en la ejecución del esquema investigado.
El Ministerio Público indicó que los imputados enfrentan 67 delitos en perjuicio del Estado, relacionados con la presunta defraudación a Sedesol por un monto de 6,032,654.07 lempiras, recursos que estaban destinados a programas sociales en Copán.
Asimismo, el requerimiento fiscal incluye a otros acusados, entre ellos la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, el exsecretario de Sedesol José Carlos Cardona Erazo, así como Rossi Yanina Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jenny Fern Nazaret Martínez Suazo, Ven Mirza Noelia Sánchez, María Haga, José Manuel Serrato Villanueva, Virrey Mier, Fabrizio Lazzaroni, Aguilar Pineda, Casandra Gáleas Arias, Ilse Baquedano Mejía y Paola Pérez Moreno, quienes figuran como parte del expediente presentado por la Fiscalía.
Previo a ingresar a la CSJ, Cardona afirmó ser inocente y sostuvo que el proceso tiene motivaciones políticas. En declaraciones públicas, señaló directamente a la diputada Cuéllar como responsable del uso de los fondos investigados y aseguró que las operaciones cuestionadas se realizaron sin su conocimiento.
El exfuncionario también cuestionó la actuación del fiscal general, al asegurar que el proceso responde a intereses personales y políticos, declaraciones que elevaron el tono del caso y generaron reacciones en distintos sectores.
“Lo único que pido es que se me den todos los derechos que constitucionalmente tengo y la oportunidad de defenderme de libertad”, señaló el exfuncionario, quien afirmó que, durante meses, la legisladora “fue protegida”.
Cardona, quien renunció a su cargo en junio de 2025 tras la difusión de un video en el que se escucha en una conversación telefónica con la legisladora, donde supuestamente se discute el uso de recursos estatales con fines políticos, sostuvo que la operación se realizó “a sus espaldas” y que el grueso de los fondos se gestionó en otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Aseguró estar “listo y preparado para lo que suceda”, y denunció que se le pretende convertir en “chivo expiatorio” mientras no se investigan a fondo otras dependencias.
“Se está mordiendo a los descalzos”, sostuvo Cardona, quien aseguró estar “en bancarrota” y solicitó apoyo financiero para costear su defensa.
El Ministerio Público reiteró que la investigación continúa abierta y que no se descarta la ampliación del requerimiento fiscal conforme avancen las diligencias. El proceso seguirá con las audiencias correspondientes, mientras se define la situación legal de los imputados y de los demás señalados en el expediente. (BG-Stamoa).