Tegucigalpa, 25 ene.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, instó este domingo al Parlamento de su país a aprobar un paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica ante la “insuficiente” respuesta institucional frente a la violencia que dejó 262 mujeres muertas en 2025.
“La sociedad exige acciones concretas. Pedimos su respaldo para aprobar el paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, que hemos trabajado con el Ministerio Público (Fiscalía), la Policía y la sociedad civil, y que pronto tendrán en sus manos”, subrayó Obando ante el Parlamento.
Las reformas legales pretenden “cerrar puertas a la impunidad y proteger con firmeza a las víctimas”, recalcó Obando al presentar su informe anual durante la instalación del pleno del Parlamento para el período 2026-2030, que coincide con la conmemoración del “Día de la mujer hondureña”.
Lamentó que la violencia siga siendo “una de las principales causas de muerte” de mujeres en Honduras, donde los juzgados reciben alrededor de 15.000 denuncias anuales por violencia doméstica.
“En Honduras las mujeres queremos vivir, no sobrevivir”, enfatizó Obando, quien señaló que en 2025 se registraron 14.685 casos de violencia doméstica y se emitieron 10.728 resoluciones judiciales, de las cuales el 57 % fueron declaradas con lugar, lo que refleja un “esfuerzo institucional creciente”, aunque, advirtió, que aún es “insuficiente”, considerando que cerca del 30 % de las causas se declaran en abandono cada año.
No normalizar la violencia
En 2025, unas 262 mujeres fueron asesinadas en Honduras, de cuyos casos la Fiscalía presentó ante los juzgados expedientes de 129 víctimas, lo que representa una judicialización del 50 %, según cifras citadas por la titular del Supremo.
Sin embargo, solo diez muertes fueron tipificadas como femicidio, lo que evidencia la necesidad de “fortalecer la capacidad del Estado para reconocer estas muertes, prevenirlas y castigarlas con la gravedad que la ley exige”, añadió.
“La violencia no debe normalizarse en ninguna de sus formas”, sostuvo la magistrada, al afirmar que el Poder Judicial ha dado pasos para mejorar su respuesta institucional, entre ellos la aprobación de la Política de Justicia Abierta, orientada a un sistema judicial que “escucha, dialoga y pone a las personas en el centro”.
Obando dijo que se ha creado el Observatorio de Justicia y Género para identificar los territorios de alto riesgo donde los factores socioeconómicos y las barreras de acceso a la justicia “agravan la violencia y elevan el riesgo de muerte para las mujeres”.
Resaltó, además, iniciativas como la creación de un registro de agresores y las reformas legales propuestas para incorporar “nuevas manifestaciones de violencia” y cerrar vacíos normativos que, a su juicio, “minimizan la gravedad del problema”.
También exhortó a las 38 diputadas representadas en el Parlamento a legislar por “una verdadera igualdad de género” y a demostrar que “cuando las mujeres ocupan estos espacios, la democracia se fortalece”.
En materia penal, Obando indicó que durante el último año ingresaron 45.135 casos, lo que representa un incremento del 20 % respecto a 2024, con mayor incidencia en delitos como el tráfico de drogas y el maltrato familiar.
“Hemos fortalecido la capacidad institucional, creando el circuito judicial de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, logrando reducir la mora y agilizar los procesos”, señaló.
El Supremo emitió en el último año 2.361 resoluciones, además de conocer 15 solicitudes de extradición, de las cuales 11 fueron resueltas en 2025 y cuatro permanecen pendientes de captura, detalló Obando. EFE