Tegucigalpa, 7 nov.- El órgano colegiado designado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras para conocer la petición de antejuicio presentada por el Ministerio Público contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) resolvió por unanimidad de votos declarar “inadmisible” el proceso presentado por el ente acusador del Estado.
Los jueces nombrados por el máximo ente de justicia del país consideran que los magistrados del TJE al tener las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de Suprema Corte “no gozan del derecho o prerrogativa del Antejuicio,” según el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral en relación con el artículo 421 del Código Procesal Penal.
El antejuicio se interpuso ante la Corte Suprema de Justicia por el MP contra los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona por el delito de “prevaricato judicial”.
Sin embargo, tras conocerse la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, anunció que este ente público del Estado procederá a presentar en las próximas horas requerimiento fiscal contra los magistrados del TJE, lo que implicaría orden de captura.
Relación de hechos
Según el MP, ambos funcionarios emitieron resoluciones “contrarias a la ley, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a dos ciudadanos como candidatos a diputados sin la participación del tercer miembro que conforma el pleno” del TJE.
El organismo de justicia electoral informó que la decisión fue tomada por mayoría de votos “ante la ausencia injustificada del magistrado propietario Morazán Aguilera, quien se retiró injustificadamente” de la sesión convocada para conocer los casos de apelación interpuestos por los dos demandantes.
Los magistrados denunciados rechazaron la demanda judicial interpuesta por el Ministerio Público y han calificado la acción como “persecución política e instrumentalización del MP” para “asaltar” los entes electorales.
La acción se realiza en momentos de incertidumbre electoral en el país, marcada por diferencias y acusaciones entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Parlamento, que lleva más de dos meses sin celebrar sesiones.
Varios sectores de la sociedad y la oposición política han advertido que los intentos de influir, interferir o presionar del sector oficial en la administración de justicia o en las funciones de los órganos electorales, pone en riesgo la institucionalidad democrática y el desarrollo del próximo proceso electoral.
