Tegucigalpa, 3 nov.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió en un comunicado que el nombramiento e instalación de una Comisión Permanente por la directiva del Congreso Nacional no reemplaza al parlamento hondureño.

“No reemplaza al pueblo ni puede tomar decisiones políticas o sobernas en nombre del Congreso”, señala la máxima casa de estudios en un análisis jurídico donde comparte su postura académica estableciendo límites constitucionales y “riesgos de hipertrofia funcional” de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

La Comisión Permanente fue nombrada e instalada por la Junta Directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo e integrada por nueve miembros que en su mayoría son representantes del partido del gobierno Libertad y Refundación (Libre).

Líderes de oposición de Honduras rechazaron la instalación de la Comisión Permanente por parte del presidente del Parlamento, y denunciaron que el gobernante Partido Libre busca “obstruir” el proceso electoral del día 30 y perpetuarse en el poder a través del órgano legislativo”.

Según el Parlamento, la Comisión Permanente ejercerá las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 208 de la Constitución de la República durante el receso legislativo, que se extenderá del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026.

El nombramiento de esta comisión surge cuando un grupo de más de 70 disputados instaló previamente una asamblea extraordinaria y decretó extender el periodo de sesiones del pleno del parlamento hasta el 20 de enero de 2026, después de más de dos meses sin ser convocados por el presidente del Congreso para sesionar.

“Si la Comisión Permanente intenta asumir funciones que no le corresponden, o se comporta como si fuera el Congreso en pleno, pierde legitimidad y actúa fuera de la ley”, argumenta el ente académico.

Sostiene que los nueve diputados, en su mayoría del oficialismo que integran la comisión, no tienen poder para destituir funcionarios, tomar decisiones en el ejercicio del poder político ni intervenir en temas electorales o presidenciales.

Por su parte, los partidos de oposición exigen al presidente del Congreso que convoque a sesiones extraordinarias para continuar con sus funciones antes de la toma de posición del nuevo gobierno a ser elegido en noviembre por la sociedad hondureña e instalado en enero de 2026.

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