Las sanciones, que el Gobierno cubano considera la “principal causa” de la profunda crisis de la isla, vuelven a estar de actualidad por el próximo debate y votación en la Asamblea General de la ONU de la resolución que anualmente presenta La Habana para exigir su retirada.
Sin embargo, los expertos consultados creen que hay otros factores al menos de igual peso y recomiendan a La Habana -más allá de esa batalla diplomática- centrarse en los ámbitos sobre los que sí puede incidir, en lugar de lamentar los efectos de las sanciones estadounidenses, que ninguno cuestiona.
La situación en la isla es crítica. A la profunda crisis económica, que suma cinco años, hay que sumar la energética, la alimentaria, la sanitaria, la productiva, la agrícola, la bancaria, la financiera y la monetaria.
“El bloqueo nos afecta, pero no depende de la voluntad del Gobierno. Sí depende de ellos acabar con la planificación hipercentralizada y darle más autonomía a todas las formas de propiedad existente, reducir la burocracia y, por último, no temerle al mercado”, observa Omar Everleny, profesor de la Universidad de La Habana.
La tarea no es fácil, como explica la profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York Tamarys Bahamonde, quien resalta que los problemas van más allá de lo estructural. “La crisis es sistémica y todos los problemas están conectados entre sí. Es como una tela de araña, que no se puede afrontar uno sin tocar todos los demás”, explica.
Ricardo Torres, investigador en la Universidad Americana de Washington, asegura que “aún en medio de las sanciones, hay mucho que se puede hacer”, como favorecer la inversión, proteger la propiedad privada, construir un marco jurídico estable, promover la competencia y el financiamiento de organismos internacionales. “Hay que desmantelar el modelo actual, pero es lo que no quieren”, señala.
Mauricio de Miranda, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), no duda en empezar su lista de reformas por el ámbito político: pide “democratización” e inclusión de los cubanos fuera de la isla, por su posibilidad de aportar ideas, capital humano y recursos financieros.
Luego salta a lo económico, pidiendo acabar con la “administración centralizada” -para “liberar las fuerzas productivas”-, con el conglomerado empresarial GAESA (en manos de los militares) y con las limitaciones en los sectores agropecuario y exterior. En el ámbito jurídico, pide igualdad para todos los actores económicos y predictibilidad.
También por lo político comienza el economista Pedro Monreal, quien considera que el primer paso sería eliminar de la Constitución de 2019 “la dirección planificada de la economía”, caracterizada en el texto como “componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social”.
Considera que Cuba se encuentra en el tipo de crisis de la que un país no se puede recuperar desde “dentro de los marcos del sistema”, sino que tiene que ser superado con reformas sustantivas. “El Gobierno cubano no parece estar dispuesto a dar unos cambios de esa radicalidad”, opina.
El economista cubano-estadounidense Carlos Martínez se centra en las medidas que podría tomar La Habana para dejar de “obstaculizar” la dinamización de ciertos ámbitos, de la liberalización del sector agrícola (donde la mayor parte de la tierra es de propiedad estatal) a la apertura a “la competencia” de sectores ahora dominados por monopolios estatales, como las telecomunicaciones o la energía.
Inversión
Pavel Vidal, también profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, considera que el Gobierno cubano “tiene que dar al menos algunos pasos para convencer de que sí va a aplicar una reforma profunda de ese modelo económico que no es creíble”. “Son cosas que hay que hacer y hasta que no se hagan ni los propios aliados van de verdad a poner recursos abundantes en la economía cubana”, argumenta.
“Cuba lo que ha hecho históricamente es buscar aliados internacionales. Pero ya esa estrategia no le está funcionando por un tema grave de pérdida de credibilidad, incluso entre aliados históricos: los rusos, los chinos,… ellos entienden mejor que nadie los problemas del modelo económico cubano y la necesidad de reformarse”, afirma Vidal.
Miguel Alejandro Hayes, coordinador del Instituto de Investigaciones sobre la Cuenca del Caribe, considera que Cuba -con los peores ingresos per cápita de América latina, “un sistema empresarial paralizado” y unas necesidades de inversión en infraestructura que estima en 60.000 millones de dólares (51.260 millones de euros)- ya no puede aspirar a una recuperación económica a base de reformas menores.
“La única solución económica que tiene el Gobierno cubano para revertir el actual colapso, un término más apropiado que crisis, es crear una transición económica y política que permita el diseño e implementación de un plan de reconstrucción de Cuba”, subraya.